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Las nuevas normativas financieras buscan, sobre todo, una mayor protección y transparencia para consumidor. Además, la transformación digital ha cambiado por completo la forma en la que los clientes y proveedores financieros se relacionan. Así pues, son necesarias unas nuevas normativas financieras acordes al nuevo contexto digital.

En primer lugar, el número de intervinientes financieros se ha multiplicado, los bancos no son los únicos que operan en las finanzas (Fintech, Telecos, Bigtech…). En segundo lugar, los nuevos productos financieros digitales van ganando cuota a los tradicionales, un ejemplo sería el pago con el móvil está creciendo a un ritmo anual del 20%. Por último, las nuevas normativas financieras buscan una mayor transparencia e información para el consumidor, en un contexto donde cada vez el usuario financiero está más informado, pero la complejidad de los productos y medios digitales es mayor.

Con todo esto, en los últimos dos años han aparecido cuatro bombazos normativos, que van a suponer un antes y un después en lo relativo a la forma en la que los proveedores financieros se relacionan con sus clientes:

 

PSD2 – La normativa europea en el área de pagos

PSD fue la primera directiva en servicios de pago (Payment Service Providers) realizada en 2007. Esta directiva pretendía crear un mercado de pagos único en la Unión Europea. El 25 de noviembre de 2015 se hizo una revisión a esta directiva creando PSD2.

PSD2 es la segunda directiva europea de servicios de pago, la cual intenta adaptar la primera directiva (PSD) a los nuevos tiempos. La irrupción tecnológica-digital en el área del pago y la aparición de nuevos intervinientes financieros han propiciado la nueva normativa, que empezó a aplicarse obligatoriamente en septiembre de 2019.

El PSD2 reconoce claramente dos figuras dentro del área del servicio de pagos. Estas dos figuras ya venían operando desde hace años fuera del ámbito de la primera normativa:

• Los proveedores de servicios de iniciación de pagos (PSIP): Son intermediarios que hacen que un usuario pueda hacer un pago a un comercio directamente desde su cuenta. Su principal característica es que realizan el pago directamente de la cuenta del cliente al comercio, sin ningún tipo de intermediario. Sin intervención del banco (dueño de las tarjetas), ni de Visa o MasterCard (propietarios de la tecnología).
• Los proveedores de servicios de información sobre cuentas (PSIC): permiten al usuario consultar de forma agrupada todas las cuentas que tiene en los distintos bancos donde trabaja. Fintonic, es una Fintech española, que posibilita una visión conjunta de todas las cuentas bancarias desde el móvil.

Objetivos de PSD2

El objetivo de la nueva directiva es facilitar el igual acceso al mercado al resto de competidores de las entidades financieras. De esta forma, se generará más competencia y se reducirán los gastos para el consumidor en los servicios del pago digital.

La directiva exige a los bancos permitir a los proveedores de servicio de pago a terceros (TTPs) el acceso a las cuentas de sus clientes. Bien sea para consultar información (PSIC) o para realizar directamente un pago (PSIP). Lógicamente, para acceder de cualquiera de las dos maneras a la cuenta de un cliente, será necesario tener el consentimiento de este.

La forma que tienen las entidades financieras de facilitar esta información a terceros es a través de APIs (desarrollos informáticos que permitirán el acceso a la información de las cuentas).

 

MIFDII – La nueva normativa de inversión

En 2007, aparece MIFID I, normativa que pretende armoniza la regulación europea de mercado de valores e instrumentos financieros. Es decir, la relación de los clientes con las entidades financieras en el área de inversión y la protección de los inversores.

Más adelante, el 3 de enero de 2018, se pone en marcha la nueva Directiva europea sobre mercados de Instrumentos financieros, MIFID II. Se trata de un conjunto de reformas que persiguen un sistema financiero comunitario más seguro, responsable y transparente. Por tanto, el objetivo principal de la directiva es la protección del inversor.

MIFID II tiene un ámbito normativo muy amplio, se trata de un paquete de reformas. Regula la transparencia y actividad de los mercados financieros, el asesoramiento y comercialización de productos de inversión, la gestión discrecional de carteras, la recepción y transmisión de órdenes… Estas son algunas de las principales medidas de la directiva:

Protección del inversor y transparencia

La transparencia y protección del inversor es el principal objetivo de la directiva. Distinguimos estas dos medidas:

• Los actores financieros deben especificar por separado los costes de intermediación bursátil (fondos, gestión de carteras…). Por una parte, los costes derivados de esa intermediación y por otra, los consecuentes del análisis ofrecido a los clientes.
• Los distribuidores de productos financieros se dividirán entre independientes (empresas de gestión, asesoramiento o Banca Privada) y dependientes (red comercial de los bancos). Los independientes no podrán recibir retrocesiones de las gestoras asociadas. En cambio, los dependientes si podrán percibirlas, pero informado al inversor de las comisiones percibidas (transparencia). Por si queda alguna duda, las retrocesiones son las comisiones que pagan las gestoras a los distribuidores para que vendan sus productos.

Clasificación de clientes más exhaustiva

Siguiendo la línea de MIFID I, la nueva directiva exige clasificar a los clientes en minoristas y profesionales. Al igual que la anterior normativa, la pertenencia a cada grupo dependerá la experiencia, conocimiento de los mercados y volúmenes a invertir.

A partir del 2018, las entidades de inversión tendrán que identificar claramente al grupo de clientes que va dirigido cada producto. Por tanto, deberán adecuar los productos al perfil de riesgo de cada cliente, obtenido del test de idoneidad.

Cualificación del personal financiero

MIFID II cambia las reglas del juego, diferenciando el asesoramiento de la comercialización e información de productos y servicios financieros:

• Asesoramiento: Recomendaciones personalizadas, basadas en las circunstancias de cada cliente. Es necesario realizar un test de idoneidad para conocer la situación financiera, perfil de riesgo y experiencia en productos financieros del cliente.
• Comercialización: Cuando se ofrecen productos y servicios financieros sin analizar las circunstancias personales de los clientes.
• Información: Explicar las características del producto sin entrar en recomendaciones a los clientes.

El asesoramiento (e información) implica una formación financiera de la red comercial. Por tanto, se persigue una mayor profesionalización del servicio de asesoramiento.

 

LCI – La nueva normativa del crédito hipotecario

Otra de las nuevas normativas financieras de los últimos tiempos en España es la LCI (la nueva Ley del Crédito Inmobiliario). El 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de préstamos inmobiliarios y que supone una reforma sustancial de la regulación de los préstamos inmobiliarios, especialmente, los hipotecarios.

En términos generales, la normativa se aplica cuando el prestatario o avalista sea una persona física y, además, el préstamo tenga como objeto:

• La concesión de un préstamo con garantía hipotecaria sobre un inmueble de uso residencial (incluyendo trasteros, garajes y cualquier otro elemento al servicio de la vivienda).
• La concesión de un préstamo (con o sin garantía real) para adquirir propiedades sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario o fiador sea consumidor.

Las principales medidas de la LCI son las siguientes:

Información precontractual

El prestamista tiene la obligación de ofrecer la siguiente información personalizada con una antelación mínima de 10 días antes de la firma en la notaría:

• La Ficha Europea de Información Normalizada o FEIN (oferta vinculante).
• La Ficha de Advertencias Estandarizadas o FIAE (cláusulas o elementos relevantes).
• El proyecto de contrato (una copia de la futura escritura).
• Los seguros que prestamista vincule o exija para la concesión del crédito.
• La obligación de recibir el cliente asesoramiento personalizado y gratuito por parte del notario.
• Resumen de los gastos del prestamista y del prestatario.
• Si se trata de un préstamo con un tipo de interés variable, un documento donde aparezca la cuota a satisfacer en varios escenarios de tipos de interés.

Asesoramiento del notario

Los notarios toman un papel fundamental con la nueva normativa LCI. Deberán redactar un acta notarial gratuita donde se garantice la entrega de la documentación obligatoria por parte de la entidad financiera 10 días antes de la firma. En esa acta el notario informará al cliente de todas las condiciones del préstamo y el cliente deberá responder un test, para demostrar su conocimiento de la financiación solicitada.

Reembolso anticipado y vencimiento anticipado

La LCI establece unos límites de reembolso anticipado (comisión de amortización) para los préstamos a firmados a partir de la nueva ley. Para los préstamos a tipo de interés fijo del 2% los primeros 10 años (1,5% a partir del undécimo año). Para los préstamos a tipo de interés variable del 0,15% los 5 primeros años o 0,25% los 3 primeros años (posibilidad de elegir la entidad una de las dos) y sin comisión el resto de los años.

La normativa también establece unos límites para el vencimiento anticipado de un préstamo (impagos y procedimientos de ejecución). Se debe cumplir las 3 condiciones para que la entidad pueda avanzar con un procedimiento de ejecución hipotecaria:

• El prestatario (cliente) debe encontrarse en mora.
• La entidad financiera debe haber requerido el pago al prestatario (dándole un plazo de un mes para su cumplimiento).
• Si la mora se produce en la primera mitad del plazo del préstamo, las cuotas impagadas tiene que ser al menos el 3% del capital o 12 cuotas mensuales. Si la mora se produce en la segunda mitad, las cuotas tienen ser al menos el 7% de la cuantía del capital o 15 cuotas mensuales.

Otras cuestiones importantes de la normativa

La LCI establece que el banco tiene la obligación de evaluar en profundidad la solvencia cliente antes de conceder el préstamo.

Por otra parte, la LCI distingue entre ventas vinculadas (obligación de contratar determinados productos con la hipoteca) y combinadas (la contratación de productos se relaciona con el precio de la hipoteca). Por lo general, quedan prohibidas las ventas vinculadas, excepto para determinados seguros relacionadas con la hipoteca (como el seguro de daños del inmueble de la hipoteca)

Finalmente, la LCI establece que los titulares de préstamos de moneda extranjera tienen derecho a convertirlos en la moneda del país donde residan.

 

La nueva Ley de distribución de seguros

En 2016, el Parlamento Europeo aprobó la directiva 2016/97, la cual intenta homogeneizar las regulaciones de los distintos países en la comercialización de seguros. Además, la nueva normativa europea intenta homogeneizar el ejercicio de la distribución de seguros y reaseguros. Siguiendo la misma línea que las normativas financieras, el principal objetivo de la nueva Ley de Distribución de seguros es la protección de los clientes (en los distintos canales de distribución, tanto digitales como tradicionales), así como la transparencia a la hora de comercializar cualquier tipo de seguro. Hoy en día, el mundo del seguro y el financiero están íntimamente relacionados.

Una de las principales novedades de esta directiva es que, a la hora de comercializar un seguro, hay que advertir al cliente si se lo ofrece «asesoramiento» o no (distintas modalidades de venta: informada, asesorada y en ejecución). Además, antes de la firma del contrato, se debe informar al cliente acerca de la naturaleza de la remuneración o comisión percibida por la contratación de seguro. Según la directiva, el cliente debe disponer dicha información sobre la remuneración (o comisión) de manera clara, precisa y gratuita.

Por otra parte, se establecen nuevas limitaciones al pago de incentivos a empleados. La normativa pretende que ningún distribuidor o comercializador de seguros pueda establecer un sistema de comisionamiento que incentive la venta de un determinado producto a sus clientes, en lugar del que más se ajuste a las necesidades de estos.

Otra de las novedades de la directiva es el llamado documento de información sobre el producto de seguro. El cual incorpora de forma obligatoria información sobre el seguro, riesgos y suma asegurada, riesgos excluidos, condiciones de pago, obligaciones de las partes, duración del contrato…

En los productos de inversión que incorporan seguros, además de lo anterior, es necesario hacer una evaluación periódica de la idoneidad de invertir en esos productos. Mismo criterio que se aplica a los productos de inversión en MIFIDII.

Además de las 4 normativas financieras comentadas en este post, otras normativas más generales también afectan de lleno al sector financiero. Normativas como la de Protección de Datos o Blanqueo de Capitales provocan una adaptación continua en el sector financiero (cada año, aparecen nuevos requerimientos y exigencias).

Las 4 normativas financieras engloban prácticamente todo el negocio de la banca retail:

• PSD2 – Pagos
• MIFIDII – Inversiones
• LCI – Financiaciones
• Nueva Ley de distribución de seguros

Además, estas normativas financieras se irán adaptando año a año a las nuevos productos y tendencias que vayan irrumpiendo en el en el mercado.

¿Cuál de las 4 normativas financieras os parece que tendrá más transcendencia en el sector financiero?